Luego de la presentación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Carlos Pirovano, el sindicato de actores cuestionó sus dichos vinculados a las horas de trabajo de menores, y el SATSAID apuntó a las condiciones de los trabajadores del sector audiovisual.
Luego de la presentación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Carlos Pirovano, el sindicato de actores cuestionó sus dichos vinculados a las horas de trabajo de menores, y el SATSAID apuntó a las condiciones de los trabajadores del sector audiovisual.
Por Redacción En el marco de la reciente presentación del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Carlos Pirovano, que expuso esta semana ante la Comisión de Cultura de la cámara de Diputados, sus dichos generaron una fuerte polémica, por las definiciones que dio sobre el sector audiovisual y las cuestiones laborales.
El funcionario cuestionó las restricciones vigentes para la participación de niños y adolescentes en producciones cinematográficas y sostuvo que ampliar las horas permitidas “permitiría mejorar la competitividad de la industria nacional frente a otros mercados”. Esto fue interpretado como un aval al trabajo infantil. Además, se criticó sus posturas respecto a las condiciones de trabajo de los trabajadores del rubro.
Las afirmaciones de Pirovano despertaron un inmediato rechazo de organizaciones vinculadas al mundo de la cultura y la protección de las infancias, que recordaron que la legislación argentina prohíbe el trabajo infantil y sólo contempla excepciones específicas para la actividad artística bajo estrictos controles estatales.
Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices afirmaron que el funcionario “demostró un profundo desconocimiento de la legislación vigente” y cuestionó que priorizara “criterios de rentabilidad empresaria por encima de la protección de niños, niñas y adolescentes”. La entidad emitió un duro comunicado repudiando las expresiones del titular del INCAA.
Además recordaron que la participación artística de menores constituye una excepción regulada por la Ley 26.390 y por los convenios internacionales ratificados por la Argentina y que ninguna necesidad de competitividad puede justificar un retroceso en materia de derechos.
