Distintos sectores de la administración pública apuntaron contra la propuesta del propio presidente Javier Milei de aprobar una ley de “government shutdown” al estilo de los Estados Unidos. Afirman que en muchos casos el ajuste y los despidos funcionan como “un cierre de hecho”.
Distintos sectores de la administración pública apuntaron contra la propuesta del propio presidente Javier Milei de aprobar una ley de “government shutdown” al estilo de los Estados Unidos. Afirman que en muchos casos el ajuste y los despidos funcionan como “un cierre de hecho”.
Por Diego Lanese Redactor de Data Gremial Luego de una reunión con su equipo económico, el presidente de la nación Javier Milei adelantó que analiza enviar al Congreso una propuesta para poner en marcha un mecanismo de “government shutdown” o “cierre de gobierno”, algo que existe en Estados Unidos y que apunta a congelar el accionar de los organismos públicos cuando no hay acuerdo por el presupuesto.
“Cuando agotás el Presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, fue la escueta explicación del mandatario en una entrevista, donde dejó instalada de crear este mecanismo para el país, aunque sin mayores precisiones.
La idea de cerrar el Estado puso en alerta a los trabajadores y gremios estatales, que son los más atentos a esta medida, ya que si se aplica como en el país del norte las dependencias públicas no esenciales quedan paralizadas, y sus empleados no cobran sus sueldos (tampoco van a sus lugares donde prestan servicio).
La primera crítica que aparece es de orden constitucional, que establece que ante la falta de acuerdo en materia presupuestaria, el gobierno puede extender el vigente, como sucedió en los dos primeros años de administración libertaria. Para muchos, el “shutdown” parece como “la etapa superior de la motosierra”, el emblema del ajuste total que se lleva adelante bajo el paradigma del superávit fiscal.
La idea de cerrar el gobierno que esbozó públicamente Milei tiene su principal ejemplo en los Estados Unidos, donde varias agencias públicas dependen de fondos que deben ser aprobados por el Congreso cada año fiscal.
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