Para las CTA la situación que se generó y con la que ahora buscan "sancionar o remover a una magistrada por el contenido de una resolución dictada en el marco
La información surge de una publicación realizada por una fuente pública y fue incorporada al seguimiento editorial de la agenda sindical.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores expresaron «su preocupación y rechazo» ante las amenazas de juicio político, la denuncia por prevaricato y los cuestionamientos públicos contra la jueza Laura De Marinis, luego de que declarara la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso que involucra a un adolescente de 14 años.
Para las CTA la situación que se generó y con la que ahora buscan «sancionar o remover a una magistrada por el contenido de una resolución dictada en el marco de sus competencias constituye un grave riesgo para la independencia del Poder Judicial y la división de poderes».
«Los mecanismos institucionales de control deben garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia y no convertirse en herramientas de presión o disciplinamiento frente a decisiones que resulten políticamente incómodas», planteraon. Desde las CTA reafirmaron su «posición histórica contra la baja de la edad de punibilidad.
Las niñeces y adolescencias no pueden ser abordadas exclusivamente desde el castigo y el encierro. Sostenemos la necesidad de políticas de educación, salud, inclusión y protección integral de derechos». «La resolución cuestionada no establece impunidad, sino que dispone la intervención del sistema de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes», añadieron los ceteistas.
El caso se suma al monitoreo permanente de la actualidad gremial, con foco en paritarias, condiciones laborales, representación sindical, salarios, conflictos y decisiones institucionales que impactan sobre los trabajadores.
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