La crisis de Flybondi expuso una paradoja que incomoda al relato oficial sobre la eficiencia del sector privado frente al Estado. El 5 de octubre, la empresa
La información surge de una publicación realizada por una fuente pública y fue incorporada al seguimiento editorial de la agenda sindical.
La low cost se presentó en concurso preventivo con más de $4.000 millones en deudas, entre ellas con EANA e Intercargo, las empresas públicas que le siguieron prestando servicios sin cobrar. Mientras Flybondi desvinculó a cerca de 1.000 trabajadores y acumula reclamos por indemnizaciones impagas, el Gobierno avanza con la venta de Intercargo, una empresa superavitaria que emplea a 1.600 personas.
La crisis de Flybondi expuso una paradoja que incomoda al relato oficial sobre la eficiencia del sector privado frente al Estado. El 5 de octubre, la empresa que opera bajo la marca Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores con más de $4.000 millones en deudas y reclamos identificados, que trepan a unos $4.600 millones si se suman intereses y costas de embargos.
Entre los principales acreedores figuran la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y Intercargo, las dos empresas estatales que le prestaron servicios de navegación y rampa mientras la compañía acumulaba pasivos y dejaba de pagar. La low cost que se presentaba como emblema de la gestión privada les debía plata a las mismas estatales que, según el discurso oficial, son ineficientes y deben ser vendidas.
Mientras Flybondi se hunde, el Gobierno nacional redobla su apuesta por privatizar Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa que, según los gremios, es superavitaria y garantiza operaciones seguras en los principales aeropuertos del país.
El caso se suma al monitoreo permanente de la actualidad gremial, con foco en paritarias, condiciones laborales, representación sindical, salarios, conflictos y decisiones institucionales que impactan sobre los trabajadores.
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