Mientras el juez laboral Raúl Ojeda define si acepta o no la inhibitoria dictada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 que establece que
El Gobierno presentó este jueves un Per Saltum para que intervenga directamente la Corte Suprema en la causa que suspendió 82 artículos de la reforma laboral. Los rumores hablan de un acuerdo entre Javier Milei y los cortesanos para darle vía libre a la Ley a cambio de no aumentar el número de integrantes del máximo tribunal. Alarma.
Mientras el juez laboral Raúl Ojeda define si acepta o no la inhibitoria dictada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 que establece que las presentaciones judiciales deberían tratarse exclusivamente en ese fuero, el Gobierno escaló en sus pretensiones. Es que ayer jugó la carta del Per Saltum y disparó los rumores de un acuerdo con los cortesanos.
El recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el Gobierno es una herramienta legal procesal que permite saltar instancias judiciales intermedias para llevar una causa directamente ante el tribunal de máxima jerarquía, sin tener que esperar a que se agoten las apelaciones en las cámaras de apelaciones.
El pedido haría que la resolución del tema fondo, que es la constitucionalidad de buena parte de los artículos de la Reforma Laboral, llegue directamente a la Corte Suprema y se ahorre el tiempo que toma transitar por todas las instancias previas. «Hay un acuerdo entre (Javier) Milei y dos de los tres jueces de la Corte Suprema.
Concretamente el Gobierno habría prometido sostenerles el poder y no ampliar el número de la Corte a cambio de que resuelvan rápido lo que tiene que ver con la Reforma Laboral», señaló a InfoGremiales un fuente muy bien informada sobre el universo judicial.
Se trata de una versión que tiene algunas semanas, de hecho es previa a la llegada de Juan Bautista Mahíques al comando del Ministerio de Justicia, pero que con la presentación de los libertarios de las últimas horas volvió a tomar impulso en el universo sindical. Le atribuyen las «gestiones» al ala karinista del oficialismo. Hasta ahora la relación entre la Corte y el Gobierno tuvo varias idas y vueltas.
