Lo imputaron por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación”. Se trata de un empresario gastronómico de la localidad de Cerrillos, en Salta. El fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo […]
Lo imputaron por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación”. Se trata de un empresario gastronómico de la localidad de Cerrillos, en Salta.
El fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo formalizaron la investigación penal e imputaron por trata de personas a un empresario gastronómico, acusado de explotar laboralmente a siete trabajadores dentro de una finca dedicada a la producción porcina y donde también se cultivan tabaco y aceitunas.
El juez federal de Garantías de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación”.
También otorgó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación y le fijó al empresario medidas coercitivas, que incluyen la prohibición de salida del país y de no tener contacto con algunos empleados.
En la audiencia el Ministerio Público Fiscal federal explicó que las actuaciones se originaron a partir de una denuncia anónima al servicio telefónico gratuito 145, establecido por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas.
A partir de esa denuncia, personal de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizaron una inspección a la finca ubicada en la localidad de Cerrillos donde advirtieron condiciones insalubres e irregularidades graves respecto a la percepción de ingresos por parte de los empleados.
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