La entidad gremial demandó la ejecución de una “democratización y reforma judicial feminista, al tiempo que exigió responsabilidad institucional a las autoridades en el tratamiento de casos de violencia de género.
La entidad gremial demandó la ejecución de una “democratización y reforma judicial feminista, al tiempo que exigió responsabilidad institucional a las autoridades en el tratamiento de casos de violencia de género. Por Redacción La secretaría de Géneros, Diversidades e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina estará presente este miércoles 3 de junio en la movilización del Ni Una Menos.
Con la participación de trabajadoras del sector, expresará “el más absoluto repudio, dolor y exigencia de justicia por el brutal femicidio de la adolescente Agostina Vega, en la provincia de Córdoba”.
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad señaló que “el caso de Agostina expone, una vez más, la desidia de un sistema estatal y la dilación de dependencias policiales y judiciales que operan sin la debida celeridad, abandonando a las infancias y a las mujeres a su suerte”. Además, realizó una fuerte acusación a las autoridades: "¡Los gobiernos que desfinancian las políticas de género son responsables!".
También, sostuvo que los afiliados y afiliadas saben “perfectamente que no hay democracia real sin una justicia que cuide a su pueblo”. Asimismo, desplegó una serie de argumentos y demandas en torno a la problemática. En primer lugar, pidió justicia por Agostina Vega y la condena “efectiva e inmediata para el autor material y todos los responsables o partícipes de su femicidio”.
Segundo, demandó la ejecución de una “democratización y reforma judicial feminista con la participación popular en los procesos de designación de magistrados”, al tiempo que recalcó que “las y los trabajadores quieren discutir la composición e integración de los Poderes Judiciales, con una aplicación estricta, real y obligatoria de la Ley Micaela en todos los estratos de los tribunales del país”.
Además, reclamó un presupuesto genuino “para los dispositivos territoriales de asistencia integral, prevención y protección de las víctimas de violencia machista” y rechazó “rotundamente el desmantelamiento de políticas públicas de acompañamiento”.
