El megaoperativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina y distintos organismos estatales permitió secuestrar dinero, municiones, equipos tecnológicos y otros elementos valuados en más de $51 millones, mientras avanza la investigación por las condiciones laborales de las personas.
El megaoperativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina y distintos organismos estatales permitió secuestrar dinero, municiones, equipos tecnológicos y otros elementos valuados en más de $51 millones, mientras avanza la investigación por las condiciones laborales de las personas.
Por Redacción Un total de 148 trabajadores identificados y bienes valuados en más 51 millones de pesos secuestrados fue el saldo que arrojó un megaoperativo llevado a cabo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en un establecimiento frutihortícola de Mar del Plata, en el marco de una investigación por presunta de exploración laboral La causa fue llevada a cabo por la propia fuerza federal y se desarrolla por una presunta infracción a la Ley 26364, relacionada a la trata de personas con fines de explotación laboral.
El accionar de la fuerza de seguridad fue dispuesto por el Juzgado Federal 3, con intervención de la Secretaría Penal 6. De acuerdo a fuentes de la PNA, el procedimiento posibilitó la incautación de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, municiones, equipos tecnológicos y otros elementos considerados de interés para la investigación. El aforo total de lo incautado fue estimado en más de 51 millones de pesos, precisaron.
Asimismo, la intervención se incluye en una línea de investigaciones federales por situaciones de vulneración laboral, como ocurrió recientemente con un caso de explotación laboral rural en la provincia de Buenos Aires. En este caso, la hipótesis judicial apunta a determinar las condiciones en las que se encontraban las personas presentes en el predio.
En la supervisión, la Prefectura desplegó su personal y medios operativos, aunque también participaron el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, la Dirección de Niñez y Juventud del Municipio, ARCA y la Dirección Nacional de Migraciones.
Los mencionados organismos revisaron el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria, al igual que las condiciones de seguridad y salubridad del establecimiento. En ese contexto, los funcionarios llevaron a cabo entrevistas a los trabajadores presentes en el lugar, como parte de las medidas previstas en la causa, con el fin de conocer su situación.
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