La gestión de Javier Milei fue citada a una audiencia presencial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que defienda su postura por esa ley y otras cuestiones polémicas, como las millonarias multas a gremios.
La gestión de Javier Milei fue citada a una audiencia presencial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que defienda su postura por esa ley y otras cuestiones polémicas, como las millonarias multas a gremios.
Por Redacción En el marco de las denuncias internacionales contra el gobierno de Javier Milei por sus políticas laborales, esta semana se confirmó que la gestión libertaria deberá dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su reforma laboral.
Se trata de una audiencia convocada para el 4 de agosto, cuando la entidad reciba a la Argentina en Washington para que argumente por qué impulsó y puso en marcha una “regresiva reforma laboral” que, como denunció el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”.
La convocatoria al Estado nacional es a una audiencia presencial, ante una denuncia del FreSU y otros grupos sindicales. Además, al detallar las políticas que desarrolló el gobierno nacional hasta lograr la sanción de la regresiva reforma laboral la denuncia precisó: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión.
Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”. “La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas.
Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en el segundo párrafo de la presentación conjunta realizada el 24 de abril pasado.
